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Conclusiones

Creo que las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas de los gobiernos han destruido muchas más. Para una persona joven, tener antecedentes penales por un delito menor de drogas puede constituir una amenaza mucho mayor a su bienestar que un uso ocasional de drogas. Lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha llamado ‘consecuencias imprevistas’ de nuestras políticas durante los últimos cincuenta años incluye el encarcelamiento generalizado y la creación de un enorme mercado negro internacional y delictivo que alimenta la violencia, la corrupción y la inestabilidad.

Lamentablemente, el de las políticas de drogas nunca ha sido un ámbito en el que las decisiones se basen en la evidencia y la eficacia. Con demasiada frecuencia, parece que lo que imperan son argumentos ideológicos. Sin embargo, la intención original de las políticas de drogas, según la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, era proteger ‘la salud física y moral de la humanidad’. Debemos reorientar las políticas hacia este objetivo.

Kofi Annan. Séptimo Secretario General de las Naciones Unidas (1997-2006) y premio Nobel de la Paz (2001)

Prólogo de la Guía sobre políticas públicas del Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés).

Fue recién cuando nos enfrentamos al desafío de escribir las conclusiones de este libro que pudimos encontrar su voluntad última: empezar una conversación.

Actualmente, estamos ante una situación en la que las sustancias psicoactivas y las sociedades conviven en un aire enrarecido, mezcla de ignorancia, hipocresía, inercia, miedo y conveniencia, una atmósfera que necesitamos disipar a ciencia y charla hasta que se aclare y podamos establecer formas renovadas de comprender estas sustancias y de comprendernos a nosotros, las personas, en el uso y abuso. Entre la montaña de preguntas que debemos intentar responder para comenzar esta conversación se encuentra una en particular que marca la grieta en el diseño de políticas públicas sobre drogas: ¿Vamos a continuar insistiendo, durante cien años más, en la idea de “un mundo libre de drogas”?

En caso afirmativo, ¿se tendrá en cuenta que el alcohol, los ansiolíticos y el tabaco, por ejemplo, forman parte de la bolsa de sustancias que llamamos “drogas”, ya que tienen la capacidad de inducir cambios en el cerebro y alterar la conciencia, así como de producir adicción y otros efectos negativos para la salud? ¿O ese escenario seguirá restringido sólo a algunas sustancias? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para definir la clasificación de “estas drogas se permiten” y “estas drogas no se permiten”? ¿Ese criterio está basado en la mejor evidencia o, en cambio, se rige por la brújula moral de un grupo de personas que no representan ni al total de la población ni al consenso de los expertos?

Si la opción a seguir es la de pretender un mundo libre de drogas, la evidencia de los hechos históricos que rodearon el prohibicionismo y que intentamos de alguna manera compilar en este libro nos permiten, sin recurrir a una bola de cristal, predecir un fracaso rotundo.

El conocimiento acumulado en las últimas décadas revela la profunda injusticia detrás de un enfoque que entiende las sustancias y a los consumidores como un problema de seguridad, una injusticia que se agrava cuando la sociedad desprotege a aquel que, habiendo desarrollado una adicción, necesita ayuda profesional para recuperar el ejercicio de su libertad por fuera del filtro de la búsqueda del estímulo que lo apresa. En lugar de ser asistido, el sujeto termina dos veces preso. Esta injusticia no sólo aísla y estigmatiza a las personas que presentan un consumo problemático, sino también a quien busca en esas sustancias una experiencia placentera, trascendental o terapéutica.

Bajo el paradigma actual, podemos proyectar con alta confianza cómo el crimen organizado seguirá viéndose favorecido y cómo seguirá incrementando sus ingresos a costa de muertes, corrupción política y otras formas de violencia, que recaen especialmente sobre aquellos grupos a los que, por el azar de la vida, les ha tocado vivir en condiciones socioeconómicas desfavorables, con escasas oportunidades educativas y laborales para desarrollarse. Estas personas seguirán siendo impulsadas a participar del negocio del narcotráfico porque el Estado decidió mirar hacia otro lado. Esta es una violencia que se desnuda en capricho manifiesto cuando descartamos la evidencia como sustrato del desarrollo de políticas públicas y dejamos que, en su lugar, nos guíen el miedo, los prejuicios y la inercia cultural.

Se supone que la ciencia implica una búsqueda de algo parecido a “la verdad”, a “la mejor” descripción de la realidad hasta que encontremos otro método superador. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad cuando nos enfrentamos a un conocimiento nuevo? ¿Lo ignoramos porque contradice nuestro entendimiento sobre la realidad o porque no es funcional a nuestros intereses? ¿O, al contrario, reconfiguramos nuestro entendimiento sobre el mundo y establecemos como sociedad intereses comunes que impliquen la búsqueda del mayor bienestar, salud y prosperidad posible para cada uno de sus miembros?

Si decidimos reconocer el enorme y evidente problema que tenemos en frente, si aceptamos que las sustancias psicoactivas son parte de nuestra historia y continúan (y continuarán) siéndolo, si entendemos que ya es hora de que abandonemos la “guerra contra las drogas” porque no necesitamos otros cincuenta años de consecuencias indeseables, si abrazamos la idea de que hay que incluir de manera indispensable el conocimiento científico en el desarrollo de políticas públicas y comprendemos que la quimera de “un mundo libre de drogas” es un objetivo irreal (o hasta indeseable, en algunos casos), entonces el debate tomará un rumbo mucho más próspero e interesante.

No debería sorprendernos que en los últimos años se hayan hecho múltiples llamados para lograr una reforma en la política de drogas. En la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril del 2016 –llamada “UNGASS 2016”–, fueron numerosos los organismos internacionales que apoyaron esta dirección, entre los que se encontró la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. En este evento, muchos países solicitaron priorizar la salud y los Derechos Humanos por sobre los enfoques punitivos.

En una reciente revisión exhaustiva de la evidencia elaborada por un grupo de investigadores aglomerados bajo el nombre de “Comisión Lancet sobre Salud Pública y Política Internacional de Drogas” (Casete y otros, 2016), emergieron las siguientes sugerencias:

Descriminalizar los delitos menores relacionados con las drogas (uso, posesión y narcomenudeo).

Incluir la salud, los Derechos Humanos y el desarrollo social a la hora de elaborar métricas que juzguen el éxito de las políticas de drogas.

Desarrollar esfuerzos para incrementar las oportunidades laborales de aquellos que participan en algún eslabón de la cadena de suministro de drogas (medidas antipobreza).

Eliminar la meta irreal de “un mundo libre de drogas” (abstencionismo) y convertir la reducción de daños en un pilar central de los sistemas de salud y de las políticas de drogas.

Acabar con la detención involuntaria, la violencia y el trabajo forzado en nombre de la “recuperación”.

Reducir la violencia y otros daños asociados a la intervención policial y de fuerzas militares y paramilitares.

Incrementar la inversión en programas efectivos y basados en evidencia de tratamiento de las adicciones, VIH/SIDA, hepatitis C y tuberculosis.

Asegurar el acceso a sustancias de uso medicinal (como los opioides).

Realizar una aproximación científica en los experimentos de regulación de sustancias.

Instar a todos los profesionales de la salud a informarse, capacitarse y unirse a los debates en todos los niveles.

Muchos países han apostado al enfoque de salud por sobre el de seguridad y han obtenido efectos positivos. Hace poco más de quince años que Portugal eliminó totalmente las sanciones a los usuarios e incrementó las intervenciones en salud, con resultados alentadores en lo que refiere a prevalencia de consumo de sustancias en adolescentes y adultos, muertes por sobredosis, infecciones por uso de drogas inyectables y costos asociados a los procesos judiciales. Otros lugares como Canadá, Uruguay y varios estados de Estados Unidos han ido más allá al avanzar hacia la regulación del mercado del cannabis recreacional y quitarle el control de la oferta al crimen organizado.

Pero la solución al problema no es importar políticas de drogas mediante un simple copy-paste. Lejos de eso, cada país y territorio debería diseñar sus políticas teniendo en cuenta sus particularidades históricas, idiosincráticas y culturales, así como su propio contexto y problemáticas. Diferentes drogas que generan diferentes daños en diferentes contextos seguramente requerirán diferentes enfoques. Sin lugar a dudas, cualquier cambio en la política local debería ser apoyado por la inversión en educación, consejería y servicios de tratamiento para prevenir el uso de sustancias (con énfasis en niños y adolescentes), y en programas efectivos de reducción de riesgos y daños orientados a aquellos usuarios que no desean o no pueden abandonar el consumo. Sería un gran primer paso empezar a nutrir el debate con las experiencias de otras regiones, invitar a todos los profesionales de la salud a la discusión y abrirles la cancha a los expertos locales para que brinden herramientas que permitan una adecuada contextualización de la aplicación de políticas de drogas efectivas.

Queremos hacer públicas estas preguntas de la misma manera que queremos que otros puedan hacérselas, tanto a sí mismos como a sus representantes políticos y legislativos. Que este material se convierta en la apertura de una conversación profunda, propositiva y basada en el conocimiento sobre cómo trascender el prejuicio y la violencia que caracterizan nuestra forma actual de lidiar con un problema grave que necesita una solución urgente.

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